19 abril, 2021 /Contáctanos /admin/
En estas elecciones intermedias estamos conociendo y seguiremos observando más casos de corrupción y lavado de dinero asociado a operaciones con recursos de procedencia ilícita (delitos ORPI) de candidatos y políticos. Hay tres razones principales: alternancias de poder en gobiernos estatales, rompimiento de pactos de impunidad y, por fin, el funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El lavado de dinero por parte de políticos para esconder los frutos de su corrupción en puestos de gobierno, el financiamiento ilícito de campañas, la protección de gobernantes salientes por los entrantes, la descoordinación entre la UIF-FGR-FEPADE y el INE, así como la impunidad en el ámbito local han creado efectivamente mafias políticas nacionales y locales que impiden el desarrollo de México.
A partir del convenio que firmó el INE y la UIF en 2021, el primero puede solicitar información a la segunda sobre posibles actos de lavado de dinero de candidatos y partidos. La UIF tiene un modelo de riesgos que da una calificación a los sujetos que utilizan el sistema financiero para detectar delitos ORPI. Esto le permite dar vista de esta información de inteligencia financiera a las autoridades competentes para judicializar casos de corrupción y delincuencia organizada.
Esta columna tuvo conocimiento que ya está operando, con un 40% de barrido de información, los modelos de riesgo del INE para detectar operaciones inusuales de su sistema de proveedores y de los más de 21 mil candidatos. Estos modelos pueden operar de manera reactiva, es decir por solicitud de instancias legales, o de manera activa. Inclusive, la información proveniente de fuentes abiertas, como son los reportajes periodísticos, puede detonar investigaciones por delitos ORPI. Este modelo del INE tiene la capacidad de detectar el uso de empresas fachada.
Entre las investigaciones en curso por posibles delitos financieros, y que fueron filtradas en medios nacionales y que esta columna pudo confirmar su veracidad, se encuentran las siguientes. La primera es en contra de Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León. La segunda es contra José Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde a la gubernatura de San Luis Potosí. Este personaje es señalado de importantes operaciones de lavado de dinero durante su gestión como alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. En tercer lugar, se investiga la operación con la que Felix Salgado Macedonio compró el periódico la Jornada de Guerrero. Por último, se sabe que el modelo de riesgo de riesgo del INE busca analizar las operaciones de todos los candidatos a la gubernatura de los 15 estados y a las 500 diputaciones federales en disputa.
México debe sancionar a los partidos, como en Colombia, quitándoles la gubernatura o el espacio a su grupo parlamentario de aquellos candidatos que son sentenciados por este tipo de delitos.
Agenda estratégica: para las empresas recordar la recomendación 12 de GAFI sobre la debida diligencia de personas expuestas políticamente (PEPs) que pueden estar lavando dinero.
