5 noviembre, 2020 /Artículos /admin/
Fiscales de diversos países examinan conjuntamente el posible uso de la Blockchain en la lucha contra la corrupción.
Los fiscales públicos de toda América Latina están debatiendo la posibilidad de utilizar un instrumento basado en Blockchain para luchar contra la corrupción.
Según un documento obtenido por el Cointelegraph Brasil, los debates sobre el uso de la DLT se están llevando a cabo dentro de la «Red Iberoamericana de Fiscales Anticorrupción».
La Red está formada por fiscales de países iberoamericanos y es una organización sin fines de lucro en el marco de Aiamp.
También cuenta con el apoyo del Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina (Eurosocial+).
Aiamp incluye: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.
Así, durante la última reunión del grupo, coordinada por el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) a través de la Secretaría de Cooperación Internacional (SCI), se discutió, entre otros puntos, cómo se puede utilizar la tecnología Blockchain para combatir la corrupción.
«Otro tipo de innovación que contribuye al control de las prácticas financieras es la identificación de las transacciones del mercado internacional, garantizada por la tecnología Blockchain, cuyo método de vigilancia de los flujos monetarios favorece un sistema de cooperación amplio y coherente, aumentando la confianza entre las partes», destaca el documento de la reunión a la que tuvo acceso Cointelegraph Brasil.
Además, la colaboración se presentó con un diagnóstico basado en las respuestas de los diversos países al cuestionario de la encuesta.
Se concluyó que cada nación tiene una nomenclatura para la herramienta, pero la usan con el mismo propósito. Además, identificaron que existen diferentes condiciones, presupuestos e incentivos.
En vista de ello, la Red ha decidido que seguirá trabajando con un pequeño grupo de países para elaborar un informe final con una hoja de ruta más concreta en la que se esboce la política penal y los cambios legislativos necesarios en los países de Aiamp.
«Además de la rutina normal de la debida diligencia con respecto al cliente, la identificación del beneficiario final y de las personas políticamente expuestas por las instituciones financieras y coobligadas son medidas definidas por las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de dinero y el terrorismo, en el ámbito del Gafi. Así, el conocimiento de las leyes y prácticas de los países, como, por ejemplo, los diferentes Ministerios Públicos obtienen esta información, ayudará en el enriquecimiento de la cooperación jurídica internacional y, consecuentemente, en la verificación de los crímenes transnacionales», destacó la Secretaria Adjunta de Cooperación Internacional del MPF, Anamara Osório.
