14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/
GFI indica que, si bien México tiene medidas más estrictas respecto a Estados Unidos para la identificación del beneficiario real, éstas no son tan rigurosas para tener una plena identificación de las personas que gozan de los beneficios de una operación.
Uno de los puntos que México debe de trabajar para mejorar su esquema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es en el reforzamiento de la detección de los beneficiarios reales de las operaciones realizadas tanto en el sistema financiero como en las actividades vulnerables, de acuerdo con el Global Financial Integrity (GFI).
Recientemente, GFI, que es un think thank especializado en materia de combate al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, emitió su reporte Flujos Financieros Ilícitos relacionados con Narcóticos entre Estados Unidos, México y Colombia, donde emite una serie de recomendaciones al país para mejorar su lucha antilavado.
En éste, el GFI indica que, si bien México tiene medidas más estrictas respecto a Estados Unidos para la identificación del beneficiario real, éstas no son tan rigurosas para tener una plena identificación de las personas que gozan de los beneficios de una operación.
“Las instituciones financieras recopilan información sobre los verdaderos beneficiarios de las estructuras legales y los activos, pero esta información no se verifica adecuadamente…además, no siempre está claro qué tan efectivas son las políticas antilavado cuando se aplican al sector no financiero”, detalla el reporte.
El reporte del GFI indicó que el tema de la falta de efectividad para identificar a los beneficiarios reales, es un tema grave, pues ejemplificó el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos, donde se demostró la forma de colocar sus ganancias ilícitas a nombre de terceros o empresas fantasma o fachada.
“Existen limitaciones sustanciales en cuanto a la recolección y centralización de esta información (del beneficiario final) de tal manera que sea útil para la aplicación de la ley”, se puede leer en reporte elaborado por Julia Yansura and Lakshmi Kumar.
El informe remarca que México tiene una estrategia antilavado desgastada debido a la falta de cooperación interinstitucional entre los organismos involucrados en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.
“En general, el enfoque aislado de las distintas agencias da como resultado una estrategia antilavado de dinero desgastada”, destaca el reporte, el cual afirma que la débil cooperación interinstitucional es responsable por el escaso número de juicios y condenas por lavado de dinero.
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con el Servicio de Administración Tributaria, son las agencias gubernamentales encargadas de supervisar al sector financiero y a las actividades profesionales no financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera es la agencia del gobierno encargada de recibir informes de actividades sospechosas por parte del sector financiero y las actividades vulnerables, para analizarlas y difundir sus hallazgos con las fuerzas del orden, como la Fiscalía General de la República.
“Surgen debilidades con respecto a la coordinación interinstitucional. Como en cualquier país, esto es complejo… Según el informe del GAFI del 2018 de México, se destaca el bajo número de casos remitidos por la UIF y la FGR, así como la falta de investigaciones de lavado de dinero proactivas y sistemáticas”, se puede leer en el reporte del GFI.
El informe arroja que el valor del mercado de drogas entre México, Colombia y Estados Unidos podría alcanzar los 121,600 millones de dólares al año; sin embargo, una mejor estimación estaría entre los 80,000 millones y los 90,000 millones de dólares al año, mismos que son lavados principalmente por el contrabando de efectivo y operaciones de comercio.
