22 septiembre, 2020 /Contáctanos /admin/
Las unidades de inteligencia patrimonial de los estados serán aliadas.
Uno de los puntos torales de la estrategia contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del gobierno federal es obtener más información de los beneficiarios finales, esto por medio de las unidades de inteligencia patrimoniales de los estados para prevenir y combatir actos de blanqueo de capitales, indicó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF).
En conferencia de prensa donde se presentó la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos, Nieto Castillo indicó que, con el pleno funcionamiento de las unidades de inteligencia patrimoniales de cada entidad, se permitirá acceder de manera más fácil a información que permita con mayor facilidad detectar al beneficiario final de una operación y si se relaciona con un acto de corrupción, ya que dichos datos se cruzarían con los reportes que se envían desde el sistema financiero y las actividades vulnerables.
“Esta información servirá al Estado mexicano para poder tener datos del Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, de comercio, catastro, registro de vehículos y entonces, junto con la información del sistema financiero y de los sujetos obligados por actividades vulnerables, poder identificar a los beneficiarios finales de los casos de corrupción o de los casos de delincuencia organizada”, detalló Nieto Castillo.
El titular de la UIF abundó que, para poder tener un mayor alcance respecto al beneficiario final, es necesario modificar temas normativos, para poder crear un listado de personas que se convierten en beneficiarios finales y que hayan estado vinculados con actos de corrupción o delincuencia organizada.
Hace algunos días, Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, indicó que luego de la cuarta ronda de evaluaciones a sus países miembros, entre ellos México, se detectó que una falla antilavado a nivel global es la falta de mecanismos para detectar oportunamente a los beneficiarios finales de las operaciones.
Nieto Castillo indicó que ya se tiene proyectado el fortalecimiento y la creación de 30 de estas instancias, en el mismo número de entidades, y sólo dos estados están pendientes de definir dichas unidades.
El funcionario comentó que, con la estrategia nacional antilavado, también se busca incrementar las labores de inteligencia, así como generar datos estadísticos y mapas patrimoniales que identifiquen factores de riesgo o patrones inusuales en materia fiscal.
Asimismo, el funcionario habló sobre el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró como válido el congelamiento de cuentas que se hace a una persona con algún indicio de lavado de dinero siempre y cuando la solicitud de bloqueo provenga de un organismo internacional, pero no es así si lo pide una autoridad nacional.
En este contexto, Nieto Castillo indicó que se busca por medio de diversas peticiones, vía tribunales colegiados de circuito, que la Corte revise dicho criterio, con el fin de modificarlo y mantener bloqueados los recursos a personas señaladas por actos claros de lavado de dinero.
“En caso de Kamel Nacif, por ejemplo, se liberaron 800 millones de pesos que se había logrado congelar de las cuentas del señor, en temas vinculados no sólo con corrupción política, sino también con trata de personas”, ejemplificó el funcionario.
Estrategia nacional antilavado:
