El presidente de Copaciem, Jorge Luis Millán Montes de Oca, señaló que hasta el momento no existen garantías de que esta reforma sea constitucional.

La iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, en la que se prevé la creación de un Registro de Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, en el cual serían requeridos datos biométricos y personales de los usuarios, es un atentado a los derechos humanos, la privacidad, la intimidad y una medida autoritaria y excesiva. De acuerdo con Jorge Luis Millán Montes de Oca, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Empresarial del Estado de México (Copaciem), hasta el momento no existen garantías de que esta reforma sea constitucional y aún cuando la justificación es combatir delitos como el secuestro y la extorsión, en nuestro país hay una gran desconfianza de este tipo de información, el resguardo que podría tener e incluso la posibilidad de la venta de bases de datos como se ha dado en otras ocasiones. 

Aseguró que la justificación no es equiparable con la invasión a la privacidad que se está generando y de ser aprobada, México se convertiría en el país 18 en la aplicación en una iniciativa de esta envergadura. De manera que el sector privado prevé que se pudieran generar amparos para evitar la recopilación de este tipo de datos sensibles, primero desde las empresas que proveen el servicio de telefonía móvil pero además desde los particulares. Un punto más que debe ser analizado es que la reforma fue aprobada en el Senado con apenas el 50 por ciento de los votos a favor lo cual evidencia la sensibilidad de la información manejada y la controversia que genera una iniciativa de éste tipo. “No registrarse en ese padrón o hacerlo de manera extemporánea será motivo de la cancelación definitiva de la línea telefónica y de una multa de 89 mil 692 pesos”. Al respecto, el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Javier Sauza Martínez, coincidió en que la violación del derecho a la privacidad y la intimidad de las personas se ha vuelto uno de los nuevos ejes del Gobierno Federal, bajo el argumento del combate a delitos como el lavado de dinero, la extorsión y el secuestro. «La presunción de inocencia ha quedado de lado y la nueva forma de hacer investigación en el país es suponiendo que todos somos delincuentes; y es que este es el supuesto en el que se basan las disposiciones para el uso de plataformas digitales bancarias que ahora requieren esquemas de geolocalización en tiempo real y la propuesta de creación de un registro de usuarios de telefonía móvil que incluya datos biométricos de cada persona». Como parte de los supuestos de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo del país, dijo, se está haciendo acopio de datos sumamente sensibles, la geolocalización ofrece datos como las Direcciones IP, el teléfono móvil, la identificación de radiofrecuencia e incluso da acceso a las etiquetas en fotografías y mensajes en redes sociales como Facebook y Twitter. Indicó que estas medidas, que además son obligatorias para los bancos y los usuarios de la banca en línea, pueden ser usadas a discreción por la autoridad, ya que no se requiere ninguna autorización judicial para que los las instituciones financieras estén obligados a proporcionarla, lo cual deja en total estado de indefensión a los usuarios. Recordó que en México se han hecho esfuerzos anteriores por hacer registro de usuarios de telefonía móvil, pero la experiencia ha evidenciado la falta de control que se tiene de esta información, por lo que esta medida resulta desproporcionada, innecesaria y riesgosa. “Hemos visto la venta de padrones completos de usuarios, compradores y hasta electores en línea y en el mercado negro; todos hemos sido víctimas de empresas que venden nuestros datos y recibimos llamadas constantemente para vendernos cosas y ofrecernos promociones, imaginemos por un momento el riesgo que significa que alguien tenga nuestros datos biométricos o nuestra ubicación exacta en tiempo real”. Si bien deben buscarse estrategias de inteligencia que incidan en la seguridad de la población, dijo, los niveles de recaudación y el respeto al marco de la legalidad, nunca será una opción pasar por encima de los derechos de los ciudadanos para conseguir dichos objetivos, pues este es un país donde hasta hoy se había respetado la privacidad y los derechos humanos de los ciudadanos. Por ello, finalizó, el sector privado prevé la solicitud de amparos en lo individual, así como de manera masiva, con el fin de frenar este tipo de medidas que ponen en riesgo a las empresas, a los ciudadanos e incluso podrían desencadenar mayores problemas de inseguridad de los que ya se enfrentan. https://www.milenio.com/politica/comunidad/crear-registro-nacional-celulares-atentado-privacidad-copaciem

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